En lo que constituye la primera decisión de peso en materia de seguridad y política penitenciaria de su administración, el recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil y vinculadas a procesos de negociación de paz.

La medida, ejecutada en las primeras horas de su mandato por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), marca un giro rotundo en la estrategia de control carcelario y en el relacionamiento del Estado con las estructuras criminales urbanas y regionales.

Un operativo relámpago a nivel nacional

El operativo se concentró en la evacuación de 103 cabecillas recluidos en la cárcel de La Paz en Itagüí (Antioquia), un centro que había sido epicentro de mesas de diálogo de la estrategia de “Paz Total”. Los reclusos fueron redistribuidos en ocho establecimientos de máxima y alta seguridad repartidos en seis departamentos del país:

• Penales de destino: La Picota (Bogotá), El Pedregal (Medellín), Palogordo (Girón), Tramacúa (Valledupar), La Dorada (Caldas), Palmira (Valle del Cauca), Picaleña (Ibagué) y El Barne (Boyacá).
• Nombres clave: Entre los trasladados figuran capos de organizaciones delictivas como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, además de figuras vinculadas a otros procesos judiciales mediáticos.

Según la Presidencia de la República, la dispersión geográfica busca aislar a los liderazgos para impedir que mantengan coordinación operativa o contactos permanentes entre los integrantes de las mismas estructuras delictivas.

“Control total” y replanteamiento de los diálogos de paz

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo enfatizó que la instrucción responde al compromiso de “recuperar el control permanente de los centros carcelarios” y neutralizar la operatividad criminal que se ejercía desde los patios.

“Quienes pretenden utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, advirtió la Presidencia.

El movimiento reconfigura de inmediato el escenario de los diálogos sociojurídicos que venían adelantándose con bandas del Valle de Aburrá y otros sectores del país, suspendiendo las condiciones especiales de reclusión de las que gozaban algunos voceros de paz.

Por su parte, mandatarios regionales como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmaron la notificación de la medida y señalaron que la fuerza pública mantendrá dispositivos de monitoreo ante eventuales reacomodos o reacciones de las redes criminales en el territorio.